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La preocupación no es menor. Para muchas familias de la Cuenca Carbonífera, el transporte gratuito representa la posibilidad concreta de viajar a controles médicos, tratamientos, derivaciones y trámites vinculados a la salud.
En ese marco, Martínez recibió a la vecina Valeria Moraga, con quien dialogó sobre las dificultades que esta situación ya comienza a generar en la comunidad. El encuentro permitió poner en agenda una problemática sensible, que afecta de manera directa a vecinos y vecinas que dependen de este derecho para sostener su calidad de vida.
“No estamos hablando de un privilegio, estamos hablando de derechos. Para muchas personas de nuestra Cuenca, el transporte gratuito es la posibilidad concreta de acceder a un tratamiento, a un control médico o a una mejor calidad de vida”, sostuvo Martínez.
Como parte de las gestiones, el concejal avanzó junto a la concejal de 28 de Noviembre, Yanina Rihl Leviguen; la jefa del Departamento de Abordaje Integral de esa localidad, Joana Bahamonde; y la directora de Discapacidad de Río Turbio, Natalia De Los Angeles Aban, en la presentación de una nota conjunta dirigida a la Subsecretaría de Transporte de la Provincia de Santa Cruz.
La presentación acompaña la resolución aprobada por el Honorable Concejo Deliberante de Río Turbio, de autoría de Martínez, mediante la cual se rechazan las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y se solicita una intervención urgente.
“Cuando una decisión nacional genera incertidumbre sobre derechos tan sensibles, nuestra responsabilidad es actuar rápido, escuchar a las familias y usar todas las herramientas institucionales para defenderlas”, expresó.
Martínez remarcó que en la Patagonia las distancias tienen un peso distinto y que cualquier medida que afecte el acceso al transporte golpea con más fuerza en comunidades alejadas de los grandes centros urbanos.
“En la Cuenca Carbonífera las distancias pesan más. Por eso cada medida que afecta el acceso al transporte golpea directamente en la vida de nuestros vecinos y vecinas”, afirmó.
Mientras continúan las gestiones para reunir a los distintos actores involucrados, se evalúan herramientas administrativas, institucionales y jurídicas que permitan garantizar una respuesta concreta.
La defensa del transporte gratuito no puede quedar solo en una declaración. Debe garantizarse en los hechos, porque cuando una persona necesita viajar por razones de salud, el Estado tiene la obligación de acompañar y asegurar que ese derecho se cumpla.
